Así le hemos pedido que retire los proyectos de ley en los que articula esa pretendida “reforma” y que perjudican gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, que ponga fin a la privatización del Registro civil, de la ejecución y de los actos de comunicación así como que derogue la ley de tasas y modifique el marco de condena en costas de la jurisdicción contenciosa, especialmente en lo que se refiere a la defensa de los funcionarios públicos de sus derechos laborales.
En otro orden de cosas hemos solicitado la paralización de la reforma de la LOPJ, de la justicia de paz y de la demarcación y planta judicial que supone la desaparición de los Juzgados de paz y de los partidos judiciales en favor de unos macro tribunales de instancia que alejan la justicia del ciudadano que la sufraga con sus impuestos.
