La ausencia de una OPE digna sólo puede obedecer a una táctica estudiada de desmantelamiento del servicio público de la Administración de Justicia.
Esta estrategia pasa por la precarización del empleo en la Administración, el despido de interinos y la amortización de plazas; y tiene un solo objetivo: la privatización y elitización de un derecho fundamental como es el de tutela judicial efectiva.
Es decir, se le niegan recursos al servicio público de la Justicia, asfixiándola, para luego poder justificar su privatización por partes, cediendo a intereses de lobbys profesionales y aludiendo a una ineficacia provocada por la falta absoluta de medios.
Y en materia de negociación el Ministerio sigue pactando con todo el mundo la nueva LOPJ menos con los funcionarios de Justicia que estamos incluidos en ella. El Ministerio ha mantenido varias reuniones con todos menos con los funcionarios de Justicia que estamos directamente afectados por estas reformas. Y eso que el 19 de junio de 2012, única vez que el Ministro se reunió con las organizaciones sindicales, Gallardón se comprometió con la información y con la negociación. ¡Menos mal!
Frente a todo esto CSIF seguirá oponiéndose radicalmente, y seguirá presentando alternativas, que las hay, a pesar de la falaz idea de que no hay otra salida.
CSIF seguirá exigiendo VOZ Y VOTO EN LA NECESARIA REFORMA JUDICIAL y seguirá exigiendo la recuperación de TODOS los derechos perdidos injustamente estos años.
