Según ha podido saber CSIF, el pasado lunes se anunció la medida al Presidente del Colegio de Registradores y el martes se celebró la primera reunión entre representantes del Ministerio y este colectivo privilegiado de funcionarios que, lejos de cobrar un sueldo público como todos los demás, gestionan su actividad de forma privada como reconoció el propio Ministro el pasado 3 de febrero en presencia de los Presidentes de los Colegios de Notarios y Registradores.
En el acuerdo, se otorga a los Registradores de la Propiedad autonomía de organización territorial, material y tecnológica del Registro civil con lo que el Ministerio de Justicia renuncia también a la competencia en materia de organización de los servicios públicos y se va a limitar a realizar un mero traspaso de poderes. El servicio público financiado con recursos públicos en beneficio del ciudadano se convierte, pues, en negocio privado a costa del bolsillo de los ciudadanos.
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