El Ministerio de Justicia es incapaz de sacar adelante su Ley del Registro Civil. La Ley, que debería entrar en vigor antes del 22 de julio de este año, se encuentra totalmente paralizada, ya que el Ministerio no logra ponerse de acuerdo con ningún otro “cuerpo de funcionarios” para que asuma el trabajo de los Registros Civiles, que ahora realizamos los funcionarios judiciales.
A dos meses de que venza el plazo, Gallardón estudia la posibilidad de cubrir el vacío legal declarando una prórroga in extremis, a través de una enmienda en el Senado a alguna otra norma que no tendrá nada que ver con la materia. Y seguir negociando para encontrar una salida al bloqueo, lo que supondría alargar las negociaciones entre uno y dos años más.
Como ya conocemos, Ruiz-Gallardón no ha logrado llegar a un acuerdo con ningún otro cuerpo de funcionarios para ejecutar el traspaso. Lo ha intentado con los Registradores de la Propiedad, pero finalmente ha desistido ya que éstos no estaban dispuestos a asumir el Registro Civil de forma gratuita, si no que establecieron un alto precio por este traspaso. Por eso, en este momento es imposible que la ley de 2011 entre en vigor pero, a la vez, se cumple el plazo establecido en la norma. Se produciría así a partir del 22 de julio una extraña situación, con una ley inaplicable aunque formalmente en funcionamiento. Los jueces, apoyados por los funcionarios judiciales, seguirían al frente de las oficinas del Registro sin tener jurídicamente competencia para ello.
CSIF sigue apostando y defendiendo un Registro Civil englobado dentro de la Administración de Justicia, servido por funcionarios especializados como son los Funcionarios Judiciales.
