Si ya es un problema tener una clase política que cada vez que legisla, en lugar de poner solución a los problemas lo que hacen es generarnos unos que no teníamos, sólo nos falta que las administraciones que tienen que ejecutar esas leyes, lo hagan de forma arbitraria, decidiendo cuáles les apetece cumplir y cuáles no, como si pétalos de margaritas se tratara.
Y es que nos parece cuanto menos llamativo que por "imperativo legal" se vaya a crear un cisma en nuestra administración porque así lo dice la ley 20/21, mientras que nuestra propia Ley Orgánica del Poder Judicial ofrece soluciones que la Administración no se plantea utilizar.
El caso es que en atención a la mencionada ley de estabilización, se va a proceder al cese de todo aquel personal interino que esté ocupando plazas vacantes o refuerzos y que cumplan los 3 años a partir del 8 de julio (los nombramientos anteriores al 8 de julio de 2.021 no están afectados). El personal será reingresado a la bolsa de trabajo, pero la mesa que ocupaba va a correr peor suerte. Ya que esos juzgados, secciones, fiscalías, registros... que habían sido reforzados por la carga de trabajo y ante la falta de creación nuevos órganos judiciales, no sólo se van a quedar sin el personal que ocupaban esos puestos de refuerzo, sino que para evitar el "fraude de ley", esas mesas no van a volver a ser ocupadas por nadie en una temporada. Gracias señores legisladores. Se han cubierto de gloria.
Pero he aquí cuando entra en juego nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial.
Nuestra LOPJ recoge en su artículo 489.4 que "periódicamente, la Administración competente, previa negociación con las organizaciones sindicales, analizará la conveniencia o no de prorrogar el refuerzo, comprobando que aún persiste el exceso o acumulación de asuntos pendientes. Al cabo de tres años desde el nombramiento, se propondrá su conversión en las relaciones de puestos de trabajo como incremento de plantilla si se constatara que la necesidad de personal tiene carácter estructural"
Por lo que CSIF ha solicitado a la Dirección General de Justicia que se convoque a las organizaciones sindicales a una mesa para evaluar si persiste el exceso o acumulación de asuntos pendientes de los refuerzos nombrados, de tal forma que se incremente la plantilla en dichos órganos.
Esto provocaría que por una parte el personal interino no tendría que ser obligatoriamente cesado, dado que las plazas que ocupan estarían pendientes de ser cubiertas en concurso de traslados. Las mesas no se quedarían vacías. Aumentaría el número de plazas para ser cubiertas por personal titular en los concursos de traslados que se convoquen y aumentaría el número de plazas a ofertar a los opositores al haber un incremento de plazas vacantes por la creación de nuevas plazas estructurales.