No hace falta recordar que dicho Decretazo autonómico fue impuesto, sin negociación alguna, en teoría, como “medida provisional” para dos años, y que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2013; y que ha supuesto unos recortes sobre los que CSIF exige y seguirá exigiendo la pertinente compensación para los empleados públicos.
Es por ello que desde CSIF no contemplamos de ninguna manera que la Generalitat aplique nuevos recortes a la función pública, que ahondarían en el incumplimiento de la ley y de todo tipo de acuerdos con los representantes de los trabajadores.
Exigimos por tanto al Consell que aclare a que se refería Moragues con sus declaraciones, y que se olvide de nuevos tijeretazos, absolutamente inaceptables.
